Gobierno de la Cuarta Transformación da el tiro de gracia al campo local, pues desaparecerá aquí el Tribunal Agrario, con lo que se pone en riesgo a los 182 ejidos que hay en Aguascalientes, sostuvo Cecilio Ávila García, secretario general de la CIOAC, quien resaltó que en este gobierno no ha habido apoyos para el campo pese a la sequía que se padece. Ahora, con la desaparición del Tribunal Agrario en el Estado, se pone en riesgo el tema social y jurídico del campo, al dejar en indefensión a ejidatarios, quienes ya no tendrán organismo aquí que garantice la seguridad jurídica en la tenencia de tierras ejidales.
Al respecto, detalló que el Tribunal Agrario con sede en Aguascalientes pierde sus funciones, por lo que, ejidatarios que busquen realizar un trámite en este órgano, deberán viajar hacia Guadalupe, Zacatecas, para poder llevarlo a cabo, implicando tiempo, gastos, pero sobre todo exponerse a la inseguridad que se vive en el vecino Estado.
Con esta situación se verán afectados los 182 ejidos que hay en Aguascalientes, por lo que campesinos advierten que interpondrán amparos, aunado a que piden el apoyo de la gobernadora Tere Jiménez para que no se consume este hecho orquestado por el Gobierno Federal.
Indicó que “desafortunadamente con este gobierno desaparecieron todos los programas para el campo, absolutamente todos, los pocos que hay, fertilizantes y sembrando vida, están en el sureste, no están acá, entonces eso nos hizo voltear al interior y al exterior para ver qué vamos a hacer”.
Dijo que la situación se complica para el campo local, señalando que la desaparición del Tribunal Agrario es “un atentado jurídico, legal, social, contra todas las personas del campo, haremos todo lo que sea posible, no sé si lo logremos. Estamos ante un gobierno que ha llevado al campo a la miseria, al empobrecimiento”.
Cecilio Ávila García manifestó que todas las organizaciones del campo en el Estado trabajarán de forma conjunta, buscando echar abajo esta intentona del gobierno de la Cuarta Transformación.
Agregó que pareciera que “este gobierno quiere aniquilar totalmente el campo, desde el punto de vista social, jurídico, porque esto afecta la propiedad social que es el ejido y las comunidades, esa es la propiedad social”.
