El Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) solicitó la semana pasada órdenes de aprehensión contra tres líderes de Hamás, el ministro de defensa israelí y, mucho más notable, Benjamin Netanyahu, todos acusados de crímenes de guerra y de lesa humanidad. ¿Qué implicaciones tiene este hecho inédito?
- Las órdenes de aprehensión han sido solicitadas pero no concedidas. La decisión tomará varias semanas y corresponderá a la Sala de cuestiones preliminares, integrada por tres de los 18 jueces de la CPI. Si bien los distintos fiscales de la Corte han tenido mucho cuidado en armar muy bien sus casos, nada está garantizado.
- El Fiscal debe demostrar dos cuestiones: que la CPI tiene jurisdicción y que hay elementos suficientes para perseguir a los supuestos culpables. La jurisdicción de la Corte es muy limitada, con un alto umbral, indispensable para la admisibilidad de la situación. Tan solo cuatro crímenes (guerra, lesa humanidad, genocidio y agresión) son competencia de la CPI. Asimismo, los crímenes tienen que haber sido cometidos por nacionales o en territorio de un Estado parte del Estatuto de Roma, que estableció la Corte. Además, es necesario demostrar que no hay capacidad o voluntad en las cortes nacionales para hacer justicia (principio de complementariedad).
- El fiscal parece contar con argumentos suficientes para demostrar que la CPI tiene jurisdicción. Los crímenes de los que se les acusa son competencia de la Corte. Palestina es Estado parte (territorio donde los israelíes cometieron los presuntos crímenes) y los líderes de Hamás son palestinos. Resulta evidente que ni Israel ni Palestina están en condiciones o tienen la voluntad de investigar y juzgar a los potenciales acusados.
- Contrario a lo que muchos políticos, académicos o analistas exigían, el Fiscal de la CPI no incluyó el genocidio entre los cargos, uno de los crímenes que menos se entienden pero que más se citan, quizás por resultar emblemático en el imaginario de la opinión pública desde Nuremberg. Por buenas razones, el genocidio tiene un altísimo umbral. Es necesario probar el exterminio o la eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad, además de demostrar la intención, expresa y premeditada, de hacerlo por esos motivos y no por otros. Desde luego, la intención es mucho más difícil de probar que el exterminio.
- En caso de que la correspondiente orden de aprehensión sea concedida, Netanyahu no será arrestado por ninguno de los gobiernos de Estados que no son parte de la Corte, incluyendo a Israel y EU. Pero, si desea permanecer libre, no podrá poner un pie en ninguno de los 124 países que son parte de la CPI, entre los que se cuentan toda Europa Occidental, Canadá, México y buena parte de América Latina y África, que tienen la obligación de detener y entregar a la CPI a los individuos sobre los que pesa una orden de aprehensión. No es poca cosa. Ello podría explicar las reacciones negativas de varios gobiernos -en particular europeos- que, más allá de su solidaridad con Israel, se encuentran muy incómodos ante potenciales disputas diplomáticas y crecientes divisiones.
- EU ha comenzado a ejercer presiones sobre la CPI, incluyendo nuevas sanciones del Congreso estadounidense a la Corte. Al mismo tiempo, voces influyentes en distintas latitudes critican la decisión del Fiscal, argumentando que resulta inaceptable establecer una equivalencia entre un Estado democrático y una organización terrorista, quizás desconociendo que para la Corte la equivalencia no es entre perpetradores sino entre víctimas. En otras palabras, Netanyahu puede ser o no culpable independientemente de que un líder de Hamás lo sea o no. Por si fuera poco, se ha reavivado el viejo debate entre paz o justicia, que ha perseguido a la CPI desde su fundación y que sustenta la polémica, que hoy consume a tertulias alrededor del mundo, sobre si un proceso judicial contra Netanyahu contribuye o aleja la ansiada paz. La discusión, genuina para algunos, parapeto para otros que buscan defender al premier israelí a toda costa, dará mucho de qué hablar.
Embajador de México, fue vicepresidente de la AEP de la Corte Penal Internacional
@amb_lomonaco
