Ciudad de México, 26 jun (EFE).- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidió al próximo Gobierno mexicano este miércoles, Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, una agenda para erradicar este crimen.
El organismo internacional solicitó en un pronunciamiento cumplir la ‘Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles’ que se adoptó en 2017, pero sobre la que “aún hay pendientes importantes en cuanto a su cumplimiento”.
“Los pendientes para que las víctimas accedan a la justicia son apremiantes. Muy pocas personas han sido sancionadas por el delito de tortura, falta consolidar el Registro Nacional del Delito de Tortura y actualizar el Protocolo Homologado de Investigación de dicho delito”, advirtió.
Las detenciones arbitrarias y la tortura persisten en México como “una práctica generalizada” pese a los avances en los últimos años, concluyó el Comité de Detenciones Arbitrarias de la ONU en un informe en septiembre pasado.
Casi 6.400 personas, al menos, fueron presuntas víctimas de tortura en 2022, según un informe del Observatorio Contra la Tortura, compuesto por organizaciones civiles de derechos humanos.
La ONU-DH consideró un “esfuerzo loable” la Estrategia Nacional contra la Tortura que la Secretaría de Gobernación (Segob) emitió en 2023, pero argumentó que “no suple la obligación de adoptar una política pública que establezca las bases para combatir la tortura a nivel nacional”.
“Asimismo, la ONU-DH también recuerda que persiste una deuda en la atención y reparación a las víctimas de tortura. La Ley General prevé la adopción de programas de rehabilitación de víctimas de tortura, mismos que no han sido adoptados ni por la Federación ni por las entidades federativas”, indicó.
Por ello, el organismo pidió al próximo gobierno, de la futura presidenta Claudia Sheinbaum, y a otros mandatarios locales y legisladores electos acciones para frenar este delito.
“Para la ONU-DH, el próximo inicio de las administraciones y legislaturas recientemente electas representa una oportunidad crucial para velar por los derechos de las víctimas y garantizar que nadie sea trastocado en su integridad personal”, apuntó.
Con información de EFE
