La reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador que traslada el mando de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) avanzó este jueves en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
La oposición nada pudo hacer con sus 18 votos en contra de la mayoría oficialista que, con 22 sufragios a favor, avaló 12 cambios a la Constitución para que el titular y el mando de la más grande organización policial federal, con casi 140.000 elementos, sean militares.
Las modificaciones blindan lo que declaró inconstitucional antes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra cambios legales a normas de la GN que permitían su control por el Ejército mexicano, ya que se creó bajo la institutriz de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Según el dictamen aprobado por el oficialismo, liderado por el gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), la persona titular de la GN, debe tener al menos el grado de ‘General de División’ y será designado por el presidente en turno a propuesta del titular del Ejército mexicano.
No obstante, también prevé que, mientras “no exista personal con formación de GN con la mencionada jerarquía, dicha designación recaerá en un General de División del Ejército, capacitado en materia de seguridad pública”.
La Guardia Nacional surgió a propuesta de López Obrador como una institución de seguridad pública de carácter civil, que pertenecería ala SSPC y estableció una relación con las Fuerzas Armadas hasta 2024, cuando se retirarían de las calles.
Sin embargo, el mandatario mexicano ha impulsado en el Congreso su permanencia hasta 2028 y transferido su mando a las Fuerzas Armadas, pese a las advertencias de la sociedad civil, organismos y la oposición política de militarizar la seguridad pública.
El proyecto determina que la GN estará integrada “por personal de origen militar y marino con formación policial, dependiente de la secretaría del ramo de Defensa Nacional, para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia”.
El proyecto avalado indica que la GN formará parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, integrado también por el Ministerio Público (MP) e instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno, mismos a los que corresponderán las investigaciones, según el documento.
Por otra parte, estipula que el Congreso podrá expedir leyes que regulen y establezcan requisitos y límites para la participación del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en materia de seguridad interior y en tareas de apoyo a la seguridad pública.
Así como indica que será el Senado el órgano legislativo que deberá ratificar el nombramiento de los jefes superiores de la GN propuestos por el presidente mexicano.
Diputados de oposición señalaron que esta facultad no permitirá al próximo secretario de Seguridad, Omar García Harfuch y a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum tener las herramientas para alcanzar la paz en el país.
“Lo que ustedes (el oficialismo) están haciendo es dejar sin posibilidad de operación al (próximo) señor secretario de seguridad (…) reconozco que es una persona que sabe, (…) pero el señor va a fracasar porque no va a tener gente”, apuntó el líder de la bancada del antes hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira.
En contraste, Ismael Brito, diputado del gobernante, Morena, pidió a la oposición un voto de confianza para este esquema, toda vez que defendió que todas las instituciones encargadas de la seguridad estarán bajo el mando de la próxima presidenta Claudia Sheinbaum, quien toma posesión el próximo 1 de octubre.
“Un voto de confianza, la presidenta será la comandante suprema de las Fuerzas Armadas, vamos a darle a la presidenta todas las facultades legales y constitucionales para que en México respiremos todos la tranquilidad que anhelamos”, enfatizó.
