La reforma para desaparecer siete órganos y reguladores autónomos en México se avaló este viernes con el impulso de la mayoría oficialista en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
La iniciativa, liderada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, consiguió 22 votos a favor por el gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, los Partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista (PVEM), y 17 en contra, de la oposición.
Así se perfila la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
Además de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
La propuesta plantea que sus funciones serán cubiertas por otras áreas de la administración pública como la Secretaría de Economía, de Educación Pública (SEP), de Energía (Sener), de la Función Pública, de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), entre otros como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Además, pretende detonar ahorros presupuestarios, que serán redirigidos al recién creado Fondo de Pensiones para el Bienestar, con el que se pretende igualar las pensiones de los mexicanos al último salario que recibieron, con un tope de casi 17.000 pesos mexicanos (unos 890,1 dólares).
La oposición, conformada por los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), negó que se quiera cumplir con un ajuste presupuestario para cumplir con la meta de la “austeridad” y acusaron que es parte de una venganza de López Obrador contra organismos como el Inai.
El diputado panista, Héctor Téllez, recordó que el Inai ayudó con investigaciones que concluyeron en grandes casos de corrupción tanto en el sexenio de López Obrador (2018-2024) como en el de los expresidentes Vicente Fox, (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Además, se advirtió que desaparecer órganos como la Cofece podría distorsionar la preponderancia de grandes actores económicos en los mercados nacionales, así como que se eliminan instituciones como el IFT que abonan a mejorar los precios de las comunicaciones.
Diputados, como el priista Rubén Moreira, advirtieron que más allá de un asunto de austeridad, lo que se busca es generar un “supremo poder conservador”.
En tanto, la diputada del partido del presidente López Obrador, la morenista Irma Juan Carlos, argumentó que esta reforma pone en riesgo las obligaciones a las que se ha comprometido México en el contexto internacional, como el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
“Lo que buscamos es consolidar un Gobierno verdaderamente eficiente, un Gobierno que no dependa de órganos autónomos innecesarios, que solo duplican funciones y derrochan recursos del pueblo”, señaló.
Este posicionamiento sucede luego de que los embajadores de EE.UU. y Canadá advirtieran preocupaciones de los inversionistas por las reformas al Poder Judicial y otras como la eliminación de órganos reguladores autónomos.
Los posicionamientos de los embajadores norteamericanos ocurren mientras calificadoras como Fitch y entidades como CitiBanamex o Morgan Stanley han alertado también sobre el riesgo de aprobar las reformas propuestas por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en particular la del Poder Judicial.
