Jueces mexicanos advirtieron este lunes en una carta al Poder Legislativo que la reforma judicial del presidente, Andrés Manuel López Obrador, incumple con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pues infringe diversos compromisos adquiridos por el país en dicho acuerdo.
En una misiva a senadores y diputados, quienes este martes votarán la iniciativa, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) expresó su rechazo a la reforma, que entre otras cosas propone la elección de jueces por voto popular a partir de 2025.
Esto porque, argumentaron, “violenta e incumple el anexo 23 del T-MEC, por cuanto hace al compromiso de establecer y mantener tribunales independientes para la resolución de controversias laborales”.
En el texto, en que piden reconsiderar la reforma, aseguraron que “transgrede” también las obligaciones de México pactadas en los capítulos 14 y 27 del T-MEC relacionadas con inversiones y políticas anticorrupción.
“El cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por México con motivo de dicho tratado no sólo depende de garantizar la independencia de tribunales especializados en materia laboral, sino la de todos los órganos jurisdiccionales que conozcan de juicios que involucren intereses de inversionistas extranjeros”, argumentaron.
El conjunto de jueces y magistrados recordó que en un preacuerdo trilateral, firmado en agosto de 2018, México se comprometió a adecuar las legislaciones correspondientes para garantizar y mantener tribunales laborales independientes e imparciales.
Dicho acuerdo, recodaron, lo firmó López Obrador el 30 de noviembre de ese año, cuando era presidente electo.
Consideraron “innegable” que la elección de juzgadores por voto popular no abonaría al Estado de derecho ni fortalecería el Poder Judicial, y en cambio “amenazaría la histórica” relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.
“Un Estado de derecho débil puede aumentar los costos y la incertidumbre en el mantenimiento y ejecución de los compromisos internacionales, asimismo, se pone en peligro la seguridad nacional pues es muy probable que con esta reforma se permita al crimen organizado irrumpir en el Poder Judicial”, enfatizaron.
Por ello, exhortaron a encontrar alternativas de reforma “que permitan continuar el progreso democrático y económico” del país.
Advirtieron de que la reforma provocará un retraso considerable en la profesionalización de la impartición de justicia especializada, como el “nuevo sistema de justicia laboral” que comenzó en 2019.
Ello, abundaron, en virtud de que a partir del T-MEC, el Poder Judicial federal ha generado criterios técnico-jurídicos en materias especializadas.
“Asimismo, ha impulsado la capacitación continua de las personas juzgadoras a través de la carrera judicial, lo que ha permitido una impartición de justicia completa y profesional en beneficio de las personas justiciables, y a su vez ha brindado certeza jurídica a las inversiones nacionales y extranjeras”, apuntó la Jufed.
La transformación del Poder Judicial pretende elecciones en dos primeros momentos, en 2025 y 2027, para elegir a la totalidad de la Suprema Corte, los jueces y magistrados federales.
