Acusó el titular de la FGR Alejandro Gertz Manero a la fiscalía de Jalisco de una total omisión en las diligencias ministeriales del fuero común que se hicieron en el rancho Izaguirre en Teuchitlán en septiembre y octubre del año pasado.
Durante la mañanera del pueblo, el funcionario federal detalló cada una de las omisiones de las que dijo “es una obligación ministerial” realizar y sin embargo, no se hizo el trabajo de investigación correspondiente.
“No realizaron el rastreo de indicios o huellas de los hechos, esto es una obligación ministerial. No se cumplió con el debido registro de identificación de todo lo hallado, sobre todo lo que hace a las prendas de vestir y calzado que quedaron abandonadas en ese sitio”.
Y siguió, “no se procesaron debidamente los vehículos encontrados de los cuales tres ya han sido robados, no se dio intervención inmediata a la Fiscalía General de la República por por los delitos de posesión y utilización de armas de fuego de alto calibre y por delincuencia organizada”, recalcó.
Indicó que a lo anterior se le suman otros procedimientos periciales que debieron examinar a detalle, como la inspección total y exhaustiva del lugar, además de que no se ordenó la inmediata identificación de las huellas dactilares que ahí se encontraron.
A seis meses de la primera inspección del lugar, señaló Getz Manero, los servicios periciales del estado de Jalisco aun no cuentan con un dictamen definitivo en el que se establezca con precisión la antigüedad y la identidad de los restos encontrados, así como tampoco cuenta con los análisis físicos y químicos que en forma directa vinculen a diversas zanjas con la posibilidad de actividades crematorias que deben haber estado sometidas y debieron haber estado sometidas en su caso, a temperaturas entre 800 y mil 200 grados, lo cual dijo, cada indicio de prueba debió estar debidamente periciado en el momento.
El fiscal también indicó que aún no se han establecido con toda precisión los vínculos, encubrimientos y coparticipaciones de autoridades locales con los cárteles delictivos que operan en esa región, pese a que varias personas que fueron privadas de su libertad y que estuvieron en ese lugar, ya lo han reconocido en sus declaraciones la colusión de los grupos criminales con la policía, como es el caso de la policía de Tala, que habrían operado de esa manera y que ahora un solo elemento ha sido detenido.
Subrayó que son declaraciones que se han encontrado en carpetas locales que no fueron integradas en la investigación de este caso como era obligatorio. “Es obligación del ministerio público de la federación, recibir todas las pruebas de todas las personas que quieran aportar pruebas sobre un delito”, esto refiriéndose a que fueron los colectivos de madres buscadoras quienes realizaron el hallazgo.
Dijo que la fiscalía a su cargo necesita pruebas “lo que necesita el ministerio público y lo que necesita la justicia son pruebas. El trabajo que se hace aquí es un trabajo bien hecho, bien probado y que además nosotros lo estamos haciendo público”, concluyó.
