Con el respaldo de la bancada de Morena y sus aliados, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular una controvertida reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. La iniciativa, avalada en un proceso exprés, ha generado alarma entre sectores de la sociedad civil, medios de comunicación y organismos internacionales, al considerar que abre la puerta a posibles actos de censura.
El dictamen, de más de 220 páginas, propone la creación de una Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que centralizará funciones clave en materia de radiodifusión, contenidos audiovisuales, servicios digitales y telecomunicaciones. Esta agencia concentraría facultades regulatorias que antes estaban distribuidas entre diversas instancias, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Puntos clave de la nueva legislación
- Centralización de funciones: La nueva agencia asumirá el control sobre la asignación de frecuencias, supervisión de contenidos y regulación de plataformas digitales. Esto ha generado críticas por la posible pérdida de autonomía en la supervisión del sector.
- Supervisión de contenidos: Se establece la facultad de vigilar y sancionar contenidos “contrarios al interés público”, sin definir con claridad qué se entiende por dicho término, lo que especialistas consideran una puerta abierta a la censura arbitraria.
- Control sobre plataformas digitales: Incluye disposiciones para regular contenidos difundidos en plataformas como YouTube, TikTok o redes sociales, con el argumento de combatir la desinformación. Sin embargo, críticos advierten que esto podría derivar en la limitación de la libertad de expresión en espacios digitales.
- Aprobación acelerada: Legisladores de oposición han denunciado que la iniciativa fue aprobada “al vapor”, sin el debido debate parlamentario, ni consulta a expertos, medios ni organismos defensores de derechos humanos.
- Desplazamiento del IFT: Aunque el Instituto Federal de Telecomunicaciones no desaparece formalmente, sus facultades se ven reducidas significativamente, lo que especialistas califican como un golpe a su autonomía constitucional.
