Este domingo 1 de junio de 2025, México vivirá una jornada electoral sin precedentes: por primera vez en su historia, la ciudadanía elegirá mediante voto directo a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial federal. Este proceso es resultado de la reforma constitucional aprobada en septiembre de 2024, impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de combatir la corrupción y el nepotismo en el sistema judicial.
¿Por qué los mexicanos votarán por sus jueces?
La reforma judicial transformó radicalmente el método de selección de los integrantes del Poder Judicial. Anteriormente, estos cargos eran designados por el Senado o por el Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, se someterán al escrutinio popular, permitiendo que los ciudadanos elijan directamente a quienes impartirán justicia en el país. Esta medida busca renovar y fortalecer la integridad del sistema judicial, aunque ha generado controversias y debates sobre su implementación y posibles implicaciones.
¿Qué se vota?
En total, se elegirán 881 cargos federales, distribuidos de la siguiente manera:
- 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
- 2 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
- 15 magistrados de las Salas Regionales del TEPJF
- 5 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial
- 464 magistrados de circuito
- 386 jueces de distrito
Adicionalmente, en 19 estados, incluyendo Aguascalientes, Sonora, Baja California y Ciudad de México, se elegirán cargos judiciales locales, lo que incrementa el número de boletas que los ciudadanos deberán llenar.
¿Cómo se vota?
Cada elector recibirá hasta 12 boletas, dependiendo de su entidad federativa. Por ejemplo, en Tamaulipas se entregarán seis boletas adicionales para cargos locales, sumando un total de 12. En Veracruz, con la inclusión de elecciones municipales, regidurías y sindicaturas, los votantes recibirán 13 boletas.
Las boletas están codificadas por colores para facilitar su identificación:
- Morada: Ministros de la Suprema Corte
- Turquesa: Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial
- Azul: Magistrados de la Sala Superior del TEPJF
- Naranja: Magistrados de las Salas Regionales del TEPJF
En cada boleta, los votantes deberán escribir el número de dos dígitos correspondiente al candidato de su elección. Por ejemplo, en la boleta morada, se seleccionarán cinco mujeres y cuatro hombres de un total de 64 candidatos para la Suprema Corte .
Para conocer a los candidatos y sus propuestas, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha habilitado las plataformas candidaturaspoderjudicial.ine.mx y sirec.iecm.mx/conoceles-judicial, donde los ciudadanos pueden consultar perfiles y practicar su voto.
La elección judicial ha generado un amplio debate en la sociedad mexicana. Mientras que el gobierno y sus simpatizantes la ven como un paso hacia la democratización del Poder Judicial, críticos argumentan que podría poner en riesgo la independencia judicial y abrir la puerta a la politización de la justicia.
Implicaciones y controversias
Además, se han señalado desafíos logísticos significativos. El INE ha enfrentado recortes presupuestales del 50% y limitaciones de tiempo para organizar la elección, lo que ha complicado la instalación de más de 84,000 casillas y la capacitación del personal electoral.
También se ha criticado la inclusión de candidatos con antecedentes cuestionables y la falta de información clara sobre los perfiles de los aspirantes, lo que podría afectar la calidad de las decisiones judiciales futuras.
¿Cuándo se conocerán los resultados?
El escrutinio de votos se llevará a cabo del 1 al 10 de junio. Los resultados oficiales se anunciarán el 15 de junio. Cualquier impugnación deberá resolverse antes del 28 de agosto. Los nuevos funcionarios judiciales tomarán protesta ante el Senado el 1 de septiembre.
La elección judicial de este 1 de junio representa un momento histórico para México, con el potencial de redefinir la relación entre la ciudadanía y el sistema judicial. Sin embargo, su éxito dependerá de la participación informada de los votantes y de la capacidad de las instituciones para garantizar un proceso transparente y equitativo.
