Ante la creciente ola de extorsiones en el país, la policía especializada en combatir estos delitos cibernéticos, enfrenta actualmente un déficit considerable de personal y recursos.
Según un reporte del Índice de Desarrollo Digital Estatal de 2024, existen solo cuatro policías cibernéticos por cada millón de habitantes, lo que deja a gran parte de la población sin una respuesta efectiva ante este tipo de crímenes. Esto resulta alarmante si se considera que, en 2023, se registraron más de 148 mil denuncias relacionadas con delitos cibernéticos, con un aumento anual estimado del 6 %, según datos del INEGI.
La Policía Cibernética no solo investiga fraudes digitales; también tiene experiencia en delitos como extorsión, robo de identidad, explotación sexual y otras formas de criminalidad cada vez más sofisticadas. Las modalidades empleadas por los delincuentes sorprenden por su constante evolución y adaptación tecnológica.
Entre los principales retos que enfrenta esta corporación destacan la escasez de personal capacitado, la falta de herramientas digitales de vanguardia, la ausencia de un presupuesto específico para la atención a víctimas y una limitada infraestructura institucional.
Además, no existe un marco legal adecuado para abordar los delitos digitales, ya que muchas legislaciones siguen enfocadas en crímenes analógicos, dejando en situación de vulnerabilidad a quienes sufren acoso o extorsión en línea.
En la Ciudad de México se reportan más de dos mil ciberataques diarios, lo que la posiciona en el cuarto lugar a nivel mundial y en el primero en América Latina en esta categoría.
Estados como Jalisco carecen de cuerpos especializados para combatir los delitos cibernéticos, a pesar de que en reiteradas ocasiones se ha documentado el uso de redes sociales por parte del crimen organizado para reclutar jóvenes, como quedó en evidencia tras el caso del Rancho Izaguirre.
Desde el gobierno federal se han impulsado campañas para hacer frente a este fenómeno cada vez más frecuente y complejo. Para 2025, la iniciativa “Internet seguro para todas y todos”, implementada por la Guardia Nacional, busca proteger a los usuarios de diversas formas de delincuencia digital.
Esta campaña abarca desde la extorsión común y los fraudes en el comercio electrónico, hasta el robo de datos personales, la violencia digital de género, la trata de personas, la suplantación de identidad y el acoso sexual, especialmente hacia menores de edad.
Las acciones de prevención buscan fomentar el uso responsable de las tecnologías de la información mediante actividades educativas y de concientización. La Guardia Nacional, a través de su Dirección Científica, articula su labor en cinco ejes de ciberseguridad: protección para niñas, niños y adolescentes; seguridad ciudadana; apoyo a adultos mayores; seguridad financiera; y perspectiva de género en el ciberespacio.
