El diputado local del PRD, Emanuelle Sánchez Nájera, presentó una iniciativa de ley que busca otorgar facultades legales a las policías municipales para llamar a comparecer a padres, madres o tutores de menores infractores, con el fin de fomentar una crianza responsable y reforzar el compromiso familiar en la prevención del delito.
De acuerdo con el legislador, actualmente existe una percepción negativa entre algunos menores, quienes creen que no enfrentarán consecuencias legales debido a su edad. Esta situación, dijo, se ve reforzada por vacíos en la legislación vigente que dificultan la actuación de las autoridades en casos donde los padres desatienden las conductas de sus hijos.
¿Qué contempla la iniciativa de menores infractores?
La iniciativa contempla que, al momento de que un menor cometa una falta, se establezca legalmente la obligación de que el padre o tutor acuda a la autoridad junto con el menor, y participe en talleres de paternidad, así como en evaluaciones psicológicas, en una primera etapa. “Lo que se busca es que esta ley sea una herramienta de crianza positiva para quienes desean hacer bien las cosas, y una medida punitiva para quienes han relegado su responsabilidad como padres”, explicó Sánchez Nájera.
El diputado detalló que algunos municipios ya han implementado una dinámica similar a través de jueces cívicos, quienes solicitan la presencia de los padres cuando un menor infringe la ley. No obstante, la diferencia con su propuesta es que se busca establecer una obligación legal de comparecencia, ya que actualmente no existe ninguna disposición que la imponga.
La propuesta también prevé diferenciar el grado de la falta o delito cometido por el menor, estableciendo que no será tratado de la misma forma un estudiante que fue sorprendido faltando a clases, que un menor involucrado en una riña organizada mediante redes sociales o mensajes de texto. En estos casos, un juez podrá determinar el grado de responsabilidad y las consecuencias correspondientes.
Asimismo, se propone que, en caso de que ambos padres sean responsables legales del menor, sea el padre quien inicialmente asuma la obligación de presentarse. En caso de que no lo haga, y se ignore el citatorio, se contempla un arresto administrativo de hasta 30 días o la imposición de servicio comunitario, medida que podrá aplicarse cuantas veces sea necesario.
Consecuencias para padres omisos
Con esta iniciativa, se busca establecer una corresponsabilidad legal de los padres hacia la educación y conducta de los hijos. Si no acuden al llamado de la autoridad, deberá haber consecuencias, subrayó el legislador. Añadió que, si un menor es detenido y sus padres no se presentan, las autoridades estarán facultadas para emitir citatorios continuos, ya que la ley impide retener a un menor más allá del tiempo legalmente establecido.
Sánchez Nájera aclaró que la intención de la iniciativa no es transferir la pena del menor a los padres, lo que sería ilegal e inconstitucional, sino que se busca trabajar en coordinación con el DIF Estatal. Esta institución tiene la facultad legal para intervenir en casos donde el bienestar del menor esté en riesgo, e incluso retirar la custodia si es necesario, lo que permitiría fincar una responsabilidad administrativa a los padres por omisión o descuido.
Las sanciones a los menores, añadió, seguirán aplicándose conforme al marco legal vigente, el cual contempla un tope máximo de cinco años de pena, según la falta o delito en el que se vean involucrados.
El legislador recalcó que el objetivo principal de esta propuesta es dotar al Estado de una herramienta legal para fortalecer la crianza. La iniciativa, en la que ha trabajado durante un año, ya fue presentada ante el pleno del Congreso del Estado. Ha sido socializada con organismos de derechos humanos, autoridades municipales, la Fiscalía y con la directora del DIF Estatal, quienes, aseguró, la han visto con buenos ojos, ya que no representa un gasto presupuestal adicional.
Finalmente, expresó su confianza en que la propuesta esté lista para su análisis y eventual aprobación en el próximo periodo ordinario de sesiones.
