Un mes después de la devastadora explosión de un camión cargado con gas LP en la alcaldía de Iztapalapa, el número de muertos asciende a 31, y 9 personas, incluidas 4 menores de edad, siguen hospitalizadas debido a las graves quemaduras que sufrieron.
El accidente ocurrió el pasado 10 de septiembre cuando el camión de la empresa Transportadora Silza volcó en una curva del Distribuidor Vial La Concordia, lo que provocó una fuga masiva de gas. A los pocos segundos, la nube de gas se encendió, provocando una enorme explosión que alcanzó a personas y vehículos cercanos.
Entre las víctimas, destaca el caso de Alicia Matías Teodoro, quien, al intentar salvar a su nieta de tan solo dos años, sufrió quemaduras en el 98% de su cuerpo. La pequeña, Jaclyn Azulet, fue trasladada a un hospital especializado en Estados Unidos, donde comenzó su proceso de recuperación.
La investigación inicial apuntaba a un posible bache en el camino, pero las autoridades locales determinaron que la causa fue el exceso de velocidad del conductor del camión. Tras volcar, el gas escapó y se encendió con la tragedia posterior. Expertos señalaron que, de haber sido una explosión directa del tanque, las consecuencias habrían sido mucho más devastadoras.
La empresa Transportadora Silza ha reconocido su responsabilidad y aseguró que cuenta con pólizas de seguro activas que cubrirán los daños a las víctimas. Sin embargo, han surgido controversias sobre la legalidad de las coberturas y las comisiones exigidas a los familiares por parte de los abogados del gobierno capitalino.
Como respuesta a esta tragedia, las autoridades han anunciado nuevas regulaciones para el transporte de gas y otros materiales peligrosos. A partir del 15 de octubre, las pipas deberán contar con sistemas de verificación digital, inspecciones periódicas, y serán monitoreadas por GPS. Además, se limita la capacidad de carga de las pipas y se restringe su circulación nocturna.
Un mes después del desastre, la tragedia sigue siendo un recordatorio de las fallas en la seguridad del transporte de materiales peligrosos, dejando a las víctimas y sus familias con un dolor irreparable mientras el país exige mayores medidas de protección.
