Nuevo modelo en Aguascalientes: si tu hijo comete una falta, tú deberás ir a terapia, cursos o programas municipales. Si te niegas, vas preso.
El Congreso del Estado de Aguascalientes aprueba que los padres o tutores de los menores de edad deberán hacerse responsables por los delitos o faltas administrativas que estos comentan.
El dictamen busca reformar la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Aguascalientes, el Código Civil del Estado de Aguascalientes y la Ley del Sistema Estatal de Asistencia Social y de Integración Familiar.
Esta medida no significa que el castigo pasará de manera directa a los padres, sino más bien que ellos deberán contribuir a resolver el problema y corregir la conducta del menor. El dictamen plantea que cuando el menor de edad cometa un delito, ambos serán citados a pláticas de paternidad responsable, consultas psicológicas y pruebas de tamizaje, esto con el objetivo de que el problema que esté presentando el menor sea identificado y tratado de manera profesional. Esto ayudará a prevenir conductas ilícitas en el futuro.
De acuerdo con la ley, aquellos padres que no acudan a las citas y no quieran hacerse responsables podrán ir a la cárcel.
¿Qué problemas combate esta ley?
La idea de modificar estas reformas parte de un diagnóstico del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), en donde se identificó que la mayoría de los menores de edad cometen crímenes por abandono parental, entornos sociales de riesgo y la limitada disponibilidad de espacios educativos y recreativos adecuados.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) señala que una parte importante de la población considera que los menores participan cada vez más en hechos que afectan a la seguridad y la convivencia social.
La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares señala que tan solo en Aguascalientes el 18.4% de los adolescentes entre los 12 y 17 años reportan haber sido testigos o partícipes de actos violentos fuera de casa. A su vez, el INEGI señala que el 13% de los actos vandálicos o daños a propiedad reportados en zonas urbanas fueron cometidos por menores de edad.
Este tipo de problemáticas no pueden abordarse desde la criminalización ni desde la exclusión social. Por el contrario, deben atenderse mediante enfoques restaurativos, preventivos y educativos que privilegien el acompañamiento familiar, la orientación psicológica y la integración comunitaria como herramientas fundamentales para prevenir la reincidencia”, se lee en el documento.
Resultados de este modelo
La iniciativa ya se ha basado en estados como la Ciudad de México, Chihuahua, Querétaro, Guanajuato, Jalisco y Nuevo León. Esto ha permitido que las familias fueran canalizadas a programas de terapia, cursos de formación ética y actividades comunitarias. Esto ha traído resultados como la reducción de conductas antisociales, riñas juveniles, vandalismo y ha incrementado la convivencia comunitaria.
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en entornos seguros, con cuidado, supervisión y orientación”.
Cuando la ley entre en vigor, el próximo año, se espera que se reduzcan los problemas delictivos en el estado relacionados con los menores de edad.
¿Cuál es el nuevo papel de los padres y tutores?
Con la llegada de esta ley, los padres y tutores tienen mayores obligaciones legales, entre las cuales se encuentran:
- Vigilar de manera constante y correcta a los menores de edad.
- Si los padres no se hacen cargo después de un crimen, el juez cívico puede llamar al DIF para que se implique en el caso. La institución evaluará a la familia, detectará la violencia que sufre el menor, dará un seguimiento obligatorio y elaborará un plan terapéutico familiar.
- Además de pagar una multa, los padres deberán tomar terapia obligatoria con los menores de edad, firmar compromisos de cambio, participar en programas municipales y recibir orientación profesional.
