La defensa de Eugenio Maiz interpuso denuncia ante la FGR. Pero admite que el origen del caso Next Energy en Aguascalientes es un incumplimiento de contrato
La defensa legal de Next Energy y de Eugenio Javier Maiz Domene presenta una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR). Así lo expuso el abogado Adrián Yosef Arellano Regino, del despacho Vega Mac Gregor Arellano.
Versión de la defensa al caso Next Energy
Según Arellano Regino, el primer expediente nació de un conflicto civil por contratos con el gobierno de Aguascalientes. Afirma que, después de que su cliente Eugenio Javier Maiz Domene obtuvo libertad en ese asunto, se abrieron más carpetas, hasta cinco, de acuerdo con su dicho, por delitos distintos, entre ellos amenazas, extorsión y narcotráfico. La defensa sostiene que esas imputaciones son improbables y las califica de falsas.
El abogado también dijo que su representado tiene su centro de vida en Nuevo León, que lleva más de 8 meses recluido en Aguascalientes y que ha pedido ser trasladado para continuar sus procesos cerca de su familia. Añadió que la empresa ha expresado voluntad de reestructurar los contratos.
El empresario permanece en prisión preventiva en Aguascalientes desde diciembre de 2025. En el fuero local enfrenta un proceso por presunto fraude ligado a un contrato de eficiencia energética firmado en 2019 con el Ayuntamiento de Aguascalientes, además de otras carpetas. Un juzgado mercantil ya declaró la rescisión del contrato y ordenó la restitución de recursos pagados.
Sobre la denuncia presentada ante la FGR, Arellano Regino indicó que señala a jueces de distrito, ministerios públicos y servidores públicos, sin dar nombres “por la investigación”.
No es fraude, sino incumplimiento de contrato en Next Energy
La defensa reconoció que el origen del conflicto no es, a su juicio, un fraude penal, sino un incumplimiento de contrato por parte de Next Energy. Arellano Regino sostuvo que, al analizar el caso, se trata de condiciones no cumplidas entre una empresa y un gobierno en el sector energético, con proyectos también en Baja California y Nuevo León. Dijo que en Aguascalientes hay plantas vinculadas al servicio pactado, pero que “por cuestiones ajenas a ambas partes no se ha podido llevar a cabo”.
En sus palabras, existen vías de reestructuración y un fideicomiso sobre los recursos. Según esa versión, no habría detrimento patrimonial porque el asunto sería civil. Esa lectura la plantea la defensa; las carpetas penales y el juicio mercantil siguen otro cauce.
La defensa menciona denuncias o carpetas en Monterrey, Baja California y Aguascalientes. En Baja California, dijo, esperan notificación para una audiencia inicial por fraude en la que también estaría involucrado un exgobernador. En Monterrey, afirmó que se busca reestructurar la situación contractual.
Caso Next Energy en Aguascalientes
El acuerdo en cuestión es el PPS 002/2019, firmado el 28 de marzo de 2019 entre el Ayuntamiento de Aguascalientes y Next Energy del Centro. El objeto era un programa de eficiencia energética: suministrar electricidad al municipio mediante un parque solar fotovoltaico proyectado en Cañada Honda.
La vigencia pactada corría del 1 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2050. El esquema se modificó en 2020 con un adendum y un acuerdo que ampliaron la inversión, infraestructura y el compromiso financiero de largo plazo. Las cifras públicas coinciden en que se trató de un contrato de asociación público-privada a décadas y de alto valor.
Denuncias y reportes posteriores han sostenido que el municipio realizó pagos sin que el suministro eléctrico pactado se concretara. La Auditoría Superior de la Federación observó, en la Cuenta Pública 2021, pagos registrados como consumo de energía sin acreditar que el servicio hubiera iniciado. Esas observaciones forman parte del expediente administrativo y no resuelven por sí solas la vía penal.
Lo que ya resolvió un juez mercantil
En paralelo al proceso penal, el propio municipio demandó en 2023 la rescisión del contrato. En marzo de 2026, el Juzgado Quinto Mercantil, en el expediente 0218/2023, declaró la rescisión del PPS 002/2019 y de sus modificaciones de 2020. También condenó a la empresa a restituir recursos pagados: alrededor de 426.8 millones de pesos por contraprestaciones y 175.7 millones por pagos de suministro, más de 600 millones en total, con intereses legales del 6% anual, gastos y costas. Desechó la contrademanda de Next Energy.
Esa sentencia mercantil es un hecho judicial distinto a la denuncia que la defensa presentó ante la FGR. No absuelve ni condena en materia penal. Maiz Domene sigue sujeto a proceso. Su equipo legal pide que enfrente la causa en libertad y, en su caso, fuera de Aguascalientes.
