El ministro de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, dijo que un total de 16 pacientes de un centro de rehabilitación de drogadictos en la ciudad de Mazatlán abandonaron voluntariamente las instalaciones luego de una invitación de un grupo de civiles armados para brindarles ayuda.
Enfatizó que no se trató de una privación colectiva ilegal de la libertad, pues los detenidos abandonaron el lugar por voluntad propia, por lo que, como la autoridad tenía competencia, es el único responsable de recabar la información correspondiente, siendo el fiscal general del estado el responsable de este.
La Fiscalía (FGE) investiga si ocurrió algún delito. Durante la Conferencia de Portavoces Estatales, un funcionario confirmó que, según la información que tenía, un total de 16 pacientes de un centro de rehabilitación de la ciudad de Mazatlán habían aceptado una oferta laboral de un grupo de personas.
Sin especificar el tipo de trabajo que les asignaron, Mérida Sánchez solo explicó que recabaron dichos datos luego de recibir información de que habían aparecido civiles en el lugar portuario designado.
Inicialmente se descubrió que un grupo de personas armadas se había presentado en el centro de rehabilitación de drogadictos para reclutar hombres y recibir a 16 pacientes.
