Por primera vez, Aguascalientes fue el escenario del XXIV Congreso Nacional de Defensorías Públicas Estatales, un evento que reunió a representantes de las 32 entidades del país con el propósito de compartir experiencias y fortalecer el acceso a la justicia para los sectores más vulnerables.
Durante el encuentro, la gobernadora Tere Jiménez reafirmó el compromiso del estado con una justicia incluyente, ágil y efectiva. Destacó el papel de Aguascalientes en la protección de los derechos humanos y en la consolidación del estado de derecho, asegurando que su administración trabaja para posicionar a la entidad como un referente nacional en certidumbre jurídica y acceso equitativo a la justicia.
El presidente de la Asociación Nacional de Defensorías Públicas Estatales (ANADEPE) y director del Instituto de Defensoría Pública de Chihuahua, Héctor Armando González Mocken, agradeció el respaldo del gobierno estatal para la realización del congreso. Subrayó que este espacio permitió fortalecer la labor de los defensores públicos, quienes desempeñan un papel clave en la protección de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad.
Por su parte, Alejandra González Lara, encargada de despacho de la Dirección General del Instituto de Asesoría y Defensoría Pública de Aguascalientes (IADPEA), resaltó la importancia del trabajo de los asesores jurídicos y defensores públicos, quienes garantizan el acceso a la justicia de quienes no pueden costear los servicios de un abogado particular.
Como parte de la agenda, la gobernadora entregó reconocimientos a colaboradores del IADPEA con más de 10 años de trayectoria en la institución. Asimismo, se anunció que el próximo XXV Congreso Nacional de Defensorías Públicas Estatales se llevará a cabo en el estado de Morelos.
El evento contó con la participación de destacadas personalidades del ámbito jurídico, entre ellas Juan Manuel Ponce Sánchez, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; Miguel Carbonell, abogado y especialista en Derecho Constitucional; Eduardo Ismael Aguilar Sierra, consejero jurídico del Gobierno del Estado; y Everest Alejandra López Romero, directora de la Defensoría Pública del Estado de Morelos.
