Más que proteger los recursos hídricos del país, los podrían entregar al mejor postor
El país se encuentra viviendo un megabloqueo carretero en distintos puntos estratégicos para la comercialización de la nación. Esto en modo de protesta por parte de los transportistas y agricultores mexicanos contra la Ley de Aguas. ¿Qué es lo que implica esta nueva ley y por qué no es aceptada por muchos?
La ley que se rige ahora
Desde 2012 la Constitución ordenó al Congreso aprobar una nueva Ley General de Aguas que pusiera a las personas primero, antes que cualquier empresa. Es decir, convertir el agua en un derecho humano y no en un privilegio. Hasta el momento, esto no ha sucedido.
La Ley de Aguas actual fue establecida en 1992, diseñada bajo criterios que pusieron primero al dinero antes que a las personas. Quienes tienen dinero, como las grandes empresas refresqueras, mobiliarias, entre otras, son las que tienen el derecho a tener agua. La ciudadanía, no.
La nueva Ley de Aguas
Se supone que la nueva Ley de Aguas que quieren implementar es para dar continuidad a la establecida en 2012 bajo el criterio “el agua como derecho humano” y con la oportunidad de que sea para todos y no solo para las grandes empresas. ¿El problema? No es así. Es una copia modificada de la que se encuentra ahora e incluso con más lineamientos donde se da a entender que se “privatizará” el agua, sin la necesidad de usar este término.
Entre los puntos críticos señalados en la Ley de Aguas hasta el momento se encuentran:
- Venta disfrazada de agua
El borrador mantiene los mecanismos de Transmisión de Títulos, equivalentes al Artículo 33 actual, el cual permite que las concesiones se puedan vender o traspasar a los mejores postores, ya sea de manera parcial o definitiva.
- Impunidad hídrica
La Ley de Aguas no contempla castigos reales contra las grandes empresas que roban caudales, sobreexplotan pozos o contaminan las aguas.
- Silencio total sobre el fracking (fractura hidráulica)
La iniciativa oficial omite cualquier prohibición al fracking o la megaminería en zonas de recarga, dejando abierta la puerta a prácticas que destruyen los acuíferos de la nación.
- Desperdicio de agua a cambio de no perder la concesión
Este es el mecanismo que más ha indignado a los agricultores. Se pone la regla “úsala o piérdela”. Si una compañía no utiliza todos los litros que tiene concesionados, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) puede retirarla. ¿Lo malo? Muchos concesionarios prefieren desperdiciar el agua de manera deliberada para no perder sus permisos.
Esto es algo muy peligroso, tomando en cuenta la situación actual en la que se encuentra el país. Cada año su nivel de sequía empeora. Desperdiciar agua para no perder una concesión no es una medida que favorezca a nadie.
Aguascalientes en la crisis hídrica
Aguascalientes se encuentra entre los estados con mayor estrés hídrico del país. Ya hay colonias que no cuentan con agua y tienen que contratar pipas privadas para poder adquirir un recurso natural que en teoría es ley tener.
¿Qué ha llevado al estado a estos extremos? Se extrae más agua de la que hay. Los grados de agua recolectados por lluvia en las diferentes presas que existen alrededor de la región cada año son menos, pero el nivel que extraen es mayor. Esto lleva a tener acuíferos sobreexplotados y unos al borde de la sequía irreversible.
Si el Congreso llega a aprobar la nueva Ley de Aguas, donde se les da más privilegios a las empresas que a la ciudadanía, este estrés hídrico será mayor.
- Crecerán las irregularidades en el servicio doméstico. Más casas y colonias perderán la poca agua con la que cuentan ahora y pagarán lo mismo o hasta más en el recibo de Modelo Integral del Agua de Aguascalientes (MIAA).
- Mayor presión sobre los pozos urbanos.
- Prioridad absoluta para las empresas que cada vez se establecen dentro del estado.
¿Qué exigen los agricultores?
Los bloqueos que se han vivido en el país son por varias exigencias: seguridad, un mejor pago para sus productos y ahora detener o modificar la Ley de Aguas. Entre sus propuestas para esta última están:
- Que el agua no sea “vendida” por la Conagua a través de “concesiones”.
- Vigilar y controlar el nivel de agua que consumen las grandes industrias como las refresqueras.
- Poner primero al campo y a las familias mexicanas antes que a las grandes compañías, no viceversa.
