Desconocidos incendiaron este viernes el Consejo Municipal Electoral de Chicomuselo, en la frontera sur de México, con boletas que se entregarían para la elección del domingo, informó el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del estado Chiapas (IEPC).
La institución detalló en un comunicado que los hechos ocurrieron los primeros minutos de este viernes y desconoce quiénes provocaron el incidente, aunque ya comenzaron las diligencias ante las autoridades para la denuncia correspondiente.
El IEPC lamentó que estos hechos ocurran en vísperas de las elecciones del 2 junio, pues arriesgan la integridad de muchas personas e impiden el ejercicio de un derecho fundamental de la ciudadanía, que es “elegir por la vía pacífica a sus gobernantes”.
Ante estos hechos, el organismo autónomo exigió a las autoridades de seguridad que actúen y cesen los actos de violencia.
Además, pidió garantías en Chiapas para que los votantes puedan sufragar en libertad, en entornos seguros y pacíficos.
Organizaciones civiles desde hace tres años han denunciado la alza de violencia en la zona fronteriza, en Chicomuselo, generada por integrantes de los carteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Sinaloa, lo que ocasiona un desplazamiento forzado, asesinatos, secuestros, ‘cobro de piso’ (extorsiones) y reclutamiento.
De igual forma, la Diócesis de San Cristóbal ha emitido diversos pronunciamientos en los que lamenta la omisión del Estado frente a los grupos criminales que han desestabilizado la vida de los pueblos indígenas de Chiapas.
Tal es el caso de la masacre ocurrida el pasado 12 de mayo en la comunidad Nuevo Morelia de Chicomuselo, donde 11 personas murieron acribilladas en sus domicilios, entre ellas una familia completa, para luego incendiar sus viviendas por no unirse al crimen organizado.
El Instituto Nacional Electoral (INE) reconoció el jueves la imposibilidad de instalar más de 60 casillas (centros de votación) en Chiapas ante la violencia y los conflictos sociales.
Las elecciones ya son las más violentas en México, según organizaciones ciudadanas, como la organización Data Cívica, que reportó este viernes 31 aspirantes asesinados, mientras que la consultora Integralia documentó 34, una cifra que se eleva a 231 al considerar también a funcionarios, políticos y familiares.
Con información de EFE
