La relatora especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, señaló este jueves su preocupación por la reforma judicial del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, porque “podría socavar la independencia de la judicatura”.
“Considero que podrían socavar la independencia de la judicatura mexicana, en particular de las cortes federales de los Estados Unidos Mexicanos en caso de ser promulgadas sin modificaciones sustanciales”, aseguró Satterthwaite sobre las iniciativas constitucionales presentadas por el mandatario el 5 de febrero.
La relatora expresó sus dudas ante la propuesta para la elección popular de todos los jueces y la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal(CJF) “sin contar con procedimientos para regular las actuaciones durante la campaña”.
“Me encuentro especialmente preocupada por el contexto en el que se están llevando a cabo estas propuestas de reforma, dada la alegada intimidación de jueces y los reportes de interferencias en la independencia judicial (…) por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo”, señaló la relatora de la ONU.
Satterthwaite considera que las iniciativas impactarían directamente en el funcionamiento de la judicatura al someter el mecanismo de selección de jueces a un procedimiento en el que las consideraciones políticas “podrían fácilmente superponerse a los méritos objetivos de un candidato”.
Comentó que las modificaciones “carecen de un mecanismo transparente, independiente y accesible que permita a una autoridad independiente verificar si los candidatos cumplen con los requisitos de formación, aptitud e integridad”.
Para la estadounidense, la elección popular de jueces “podría incrementar el riesgo de que los candidatos a magistrados busquen complacer a los votantes o a patrocinadores de campañas con el fin de incrementar sus posibilidades de reelección”.
“Este mandato también ha concluido que la selección de jueces por períodos cortos de tiempo debilita el sistema judicial e impacta negativamente la independencia y desarrollo profesional de los jueces”, señaló Satterthwaite.
La relatora, además, expresó su disgusto con el despedido automático previsto para más de 1.800 jueces y funcionarios en caso de aprobarse la reforma porque “podría retrasar la administración de justicia para los ciudadanos comunes que esperan decisiones judiciales”.
La alineación de los periodos de cargo judicial con el ciclo electoral presidencial también preocupa a la relatora especial porque, “durante los períodos electorales, los votantes podrían ser influenciados por la retórica política y la campaña partidista”.
La investigadora neoyorquina cuestionó la propuesta de facultar a un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) para sancionar a jueces, que en su opinión se basa en criterios “vagos” y es contraria a los estándares internacionales.
Para Satterthwaite, otorgar al órgano de administración judicial, conformado por miembros designados por otros poderes del Gobierno, la completa administración del Poder Judicial, incluyendo su gestión humana y financiera “comprometería severamente su autonomía”.
“Este arreglo socavaría el principio de independencia judicial al supeditar funciones administrativas críticas a la influencia de los poderes ejecutivo y legislativo”, sentenció.
La reforma al Poder Judicial es uno de los grandes proyectos del presidente López Obrador y tras la amplia victoria electoral de su sucesora en el cargo, Claudia Sheinbaum, el Gobierno tendrá mayoría constitucional para implementar dichos cambios a partir de septiembre.
Con información de EFE
