En una decisión con la que de nueva cuenta afloró la corrupción en la impartición de justicia y pese a la multitud de pruebas que había en contra de quienes participaron en el delito de desaparición forzada en contra del “pepenador” José Francisco Espinosa Huerta, la Jueza de Distrito, María Elena Cardona Ramos, ordenó la liberación de la prisión del ex-director de la Policía Ministerial, René Carrillo y demás coacusados en el caso, al absolverlos de los cargos que se les fincaron y por los que además recibieron una condena social unánime junto a su protector, el ex-gobernador Martín Orozco Sandoval.
La tarde de ayer, apenas unas horas después de que se emitió la sentencia y en medio de un total hermetismo, Carrillo abandonó el Centro Penitenciario (versión de funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado) donde estuvo como interno durante 5 años y 10 meses, sujeto a investigación por los hechos ocurridos en 2019.
Al considerar que había “insuficiencia probatoria” en su contra, pese a que durante el prolongado proceso jurídico se presentaron grabaciones comprometedoras, videos, señalamientos directos e indicios claros del delito por el que fueron acusados, Carrillo y junto con él los agentes Gerardo Omar Reyes, Pablo Alejandro Tenorio y Víctor Alejandro Escobedo, así como Omar Espinoza Pineda, quien permanece prófugo, esperan ahora solo la orden para ser liberados de la cárcel en cualquier momento ante la muy cuestionable decisión tomada por la juzgadora de negros antecedentes.
El veredicto provocó reacciones sobre todo de reclamo y condena por el actuar de los encargados de juzgar el caso, al considerar que sin lugar a dudas se actuó con toda la intención de “proteger” y hacer que casi se les pida perdón a quienes por supuestas órdenes del entonces gobernador Martín Orozco Sandoval y otras autoridades de gobierno detuvieron y desaparecieron a quien cometió un robo en el domicilio del ex-mandatario.
EL VEREDICTO “ARREGLADO”
La jueza federal emitió la sentencia en presencia de defensores y familiares de la víctima y de los acusados, después de que la víspera hicieron una revisión “detallada” del caso, aunque desde entonces se anticipaba que se absolvería de los cargos a Carrillo y coacusados, debido a que fueron desechadas las pruebas más importantes al considerar la parte juzgadora que no incriminaban o hacían responsables de los hechos a quienes presuntamente actuaron por consigna contra quien tuvo el atrevimiento de ingresar al domicilio particular del entonces gobernador Martín Orozco para hacerse de algunos objetos, entre ellos “un juego de plumas de oro”.
“Absolvieron a un asesino, a un secuestrador, a un delincuente”, fue lo que se escuchó de parte de los familiares de la víctima de desaparición forzada, los cuales obviamente no estuvieron nada conformes con la decisión “apegada a derecho” que tomó la jueza que se encargó de resolver el caso que, en su momento, levantó la condena social por los excesos en que desde el poder incurrieron Martín Orozco y sus protegidos, encabezados por el ex-director de la Policía Ministerial, René Carrillo Durán.
El resultado de la audiencia realizada en una de las salas de la sede poniente del Poder Judicial de la Federación generó amplia expectación, puesto que desde horas atrás se anticipaba que “la jueza iba salir con una trastada” con el propósito de exonerar y de coadyuvar a la liberación de los involucrados en este caso histórico por los personajes que están involucrados en el delito de desaparición forzada de una de las personas que robó en el domicilio del ex-gobernador.
SE IMPUGNARÁ LA DECISIÓN
Defensores de la esposa del “pepenador” y de la parte acusadora anticiparon que lo más probable es que se impugne el veredicto de la jueza federal, tras considerar que con la resolución se cometió una serie de atropellos no solo a los derechos de los afectados sino de la ley misma debido a que se omitieron o no se tomaron en cuenta una serie de pruebas.
“El juicio ya terminó, pero la historia continúa, esto aún no está definido puesto que se promoverán una serie de recursos legales para que los presuntos responsables del delito de desaparición forzada sean juzgados y sentenciados como marca la ley para estos casos en los que la pena puede ir desde los 40 y hasta los 60 años de prisión”, mencionó uno de los asesores y defensores de la víctima.
