Plazo para el pago de utilidades: lo que deben saber trabajadores y empresas

El pago de utilidades es un derecho laboral que los trabajadores esperan cada año como resultado directo de su esfuerzo en favor de la empresa. Esta prestación se deriva del reparto de las ganancias netas generadas por la compañía, distribuidas entre quienes con su labor hicieron posible esos resultados.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el 30 de mayo es la fecha límite para que las empresas efectúen el pago de utilidades. En el caso de los empleadores personas físicas, el plazo vence el 29 de mayo. No obstante, existen ciertos supuestos legales que exentan a algunas empresas de realizar este pago.

El 30 de mayo es la fecha limite para el pago de utilidades
El 30 de mayo es la fecha límite para el pago de utilidades. Imágenes ilustrativas Freepik

Entre las excepciones se encuentran las empresas de nueva creación, aquellas que no hayan generado utilidades durante el ejercicio fiscal, o las que hayan realizado nuevas inversiones, entre otros factores contemplados por la ley.

¿Qué hacer si un trabajador no recibe el pago de utilidades?

Cuando una empresa obligada al reparto de utilidades no cumple con esta prestación, debe proporcionar al trabajador una explicación por escrito justificando la omisión. Si no se recibe tal explicación o esta no es válida, el trabajador puede acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), donde se le brindará asesoría legal gratuita.

Además, los trabajadores tienen derecho a presentar una denuncia formal. El plazo para interponer la queja correspondiente vence el 31 de mayo de 2026.

Sanciones para empresas incumplidas

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha puesto en marcha un programa de inspecciones para verificar que las empresas cumplan con lo estipulado en la ley laboral y sancionar a quienes intenten evadir sus responsabilidades.

Las empresas que no realicen el pago de utilidades, estando legalmente obligadas a hacerlo, pueden ser sancionadas con multas que van desde los 28 mil hasta los 256 mil pesos por cada denuncia presentada por un trabajador afectado.

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