Ciudad de México, 17 sep (EFE).- Andrés Manuel López Beltrán ‘Andy‘ y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente de México Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), tramitaron un amparo judicial para protegerse frente a cualquier posible orden de captura que pudiera emitirse en su contra en relación con un caso de contrabando de combustible, según difundió en redes sociales el periodista Claudio Ochoa Huerta.
Esto supone que, tanto ‘Andy’ como Gonzalo, contarán con una protección especial ante cualquier posible detención, incomunicación, privación de la vida, posible desaparición forzada y orden de aprehensión que pudiera emitirse en su contra.
Esta medida legal fue concedida a través de una demanda de amparo presentada de manera electrónica y sin firma por un individuo llamado Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald ante un juzgado de distrito en Zacatecas (centro del país), en la que se estableció como domicilio para recibir notificaciones el Hotel Círculo Mexicano, ubicado en el centro de la Ciudad de México.
Además de Andy, hay más nombres en la petición
Además de los dos hijos de López Obrador, en la petición aprobada se encuentran otros nombres como el del contraalmirante Fernando Farías Laguna, el empresario Roberto Blanco Cantú, conocido como “El señor de los buques”, Roberto Brown, supuesto propietario de la empresa Mefra Fleteso, vinculada con el huachicol.
También está Diana Heleyn Foullon Gómez, alias Lady D, todos ellos supuestamente, formarían parte de una red de huachicol fiscal, con la que se evaden impuestos a través del combustible.
De ese listado de nombres del expediente judicial con el número 2098/2025, solamente los hijos del expresidente mexicano no cuentan con una orden de captura activa en su contra.
La medida aprobada por el juez es una “suspensión de plano”, de efecto inmediato, que obliga a las autoridades a poner en libertad a los hermanos López Beltrán si hubieran sido detenidos de forma irregular.
Además, esta suspensión ordena que las autoridades realicen todas las acciones necesarias para garantizar su inmediata ubicación, así como su integridad física y psicológica, ante la denuncia de una posible desaparición forzada.
La semana pasada, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que el vicealmirante de la Marina mexicana, Manuel Roberto Farías Laguna, y otros nueve marinos y funcionarios aduaneros quedaron vinculados a un proceso judicial por su presunta implicación en una red de contrabando de combustible, conocido en México como ‘huachicol fiscal’.
La FGR afirmó que los funcionarios permitieron la entrada de millones de litros de combustible al país, al hacerlos pasar como aditivos, para su venta ilícita dentro de México y evadir impuestos. De acuerdo con una columna periodística de Ochoa, ambos hijos de López Obrador habrían estado involucrados en proteger la red de huachicol fiscal, aunque ambos han rechazado dichos señalamientos. EFE
