Dos implicados, uno de ellos menor de edad, aparecieron ejecutados; el gobernador admite inconsistencias en el abatimiento del homicida original.
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó el jueves 13 de noviembre que dos jóvenes presuntamente involucrados en el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fueron hallados ejecutados en la carretera Uruapan-Paracho, en Capácuaro. La revelación ocurre mientras persisten dudas sobre por qué el homicida origina, Miguel Ángel Ubaldo Vidales, de 17 años de edad, fue abatido tras haber sido detenido.
El caso que sacudió a Michoacán vuelve a encender alarmas. No solo por el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre, sino por la cadena de muertes que se han acumulado a su alrededor. Hoy, el gobierno estatal reconoce lo que muchos ciudadanos ya sospechaban: la historia no cuadra.
Ramírez Bedolla explicó ante la prensa que la Fiscalía General del Estado identificó a los dos jóvenes ejecutados como los acompañantes del homicida original, lo que confirmaría su participación en el ataque contra Carlos Manzo. Ambos fueron encontrados con signos de ejecución, un escenario similar al que terminó con la vida del propio Ubaldo Vidales.
Los restos de estos dos implicados fueron localizados a un costado de la carretera Uruapan–Paracho, en Capácuaro, un punto donde la violencia es pan de cada día para los habitantes de la región. Uno de ellos, reveló Bedolla, tenía apenas 16 años.
“Lo que sí confirma la Fiscalía es que participaron otras dos personas que acompañaban al homicida, y estas personas son los dos que aparecieron en Capácuaro muertos, y son también los que participaron en el homicidio [de Carlos Manzo]”, dijo Ramírez Bedolla.
“Es una información ya fidedigna y está compulsada, revisada, compartida con el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch”, agregó el gobernador de Michoacán. Sin embargo, esta “claridad” solo abrió más interrogantes sobre el operativo, la reacción de las autoridades y la protección del propio Carlos Manzo, quien, pese a contar con escoltas y apoyo de la Guardia Nacional, fue asesinado.
Las dudas sobre el abatimiento del primer agresor
Apenas el 10 de noviembre, el gobernador Ramírez Bedolla informó que se investiga por qué se abatió al asesino de Carlos Manzo cuando este ya había sido sometido por elementos de seguridad luego de perpetrar el acto. En conferencia de prensa, el mandatario estatal señaló que se han ampliado las líneas de investigación sobre el caso, dado que existen dudas razonables sobre esa actuación.
“Se está investigando también por qué el abatimiento en el lugar del homicida, porque al homicida lo detienen y momentos después hay un forcejeo y hay un solo disparo que abate al homicida; se está investigando este tema”, declaró.
El círculo de seguridad del exalcalde también está bajo la lupa
Durante la conferencia de prensa, el gobernador de Michoacán también indicó que otra de las líneas de investigación de la Fiscalía estatal por el asesinato de Carlos Manzo es la actuación de sus escoltas y las razones por las que se flexibilizó su esquema de seguridad.
“Las líneas de investigación están abiertas en todos los sentidos. Porque si bien es cierto que el homicida fue abatido en el lugar, también hay que investigar […] qué fue lo que ocurrió para que se distrajera o flexibilizara su círculo de seguridad”, dijo en conferencia de prensa.
Ramírez Bedolla señaló que el político contaba con ocho escoltas personales, seleccionados directamente por él, y con el apoyo de 14 agentes de la Guardia Nacional al momento del ataque.
La declaración no solo deja en evidencia un posible error operativo: apunta hacia una preocupante vulnerabilidad en el manejo de seguridad de figuras públicas, que en Michoacán y en todo México está marcada por improvisaciones, recortes, amenazas y sobrerreacciones.
Tres jóvenes muertos, un crimen sin resolver y un Estado bajo presión
Los tres presuntos implicados, dos menores de edad y uno sin identificar, murieron en situaciones que poco ayudan a esclarecer el caso. Al contrario: complican el acceso a la verdad.
Sin testigos directos, sin agresores con vida que expliquen el móvil y con la sombra de un posible exceso de fuerza policial, la investigación ahora depende solamente de expedientes oficiales, videos y peritajes.
Mientras tanto, la población de Uruapan y alrededores vive entre la indignación y el miedo. El asesinato de un exalcalde a plena luz del día, seguido de la ejecución de menores presuntamente involucrados, vuelve a exhibir un Michoacán secuestrado por la violencia y un sistema de seguridad que sigue siendo reactivo, no preventivo.
El caso Manzo no solo es el asesinato de un exalcalde. Es otra señal de alarma en un estado donde los jóvenes son reclutados, usados y desechados por el crimen.
