CIUDAD DE MÉXICO, octubre 27 (EL UNIVERSAL).- La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) llamó a las autoridades federales a respetar el derecho a la libre manifestación y adelantó que recurrirá a las instancias internacionales a denunciar el uso de las fuerzas del Estado para impedir la defensa de tales derechos.
Esto luego del encapsulamiento por parte de policías capitalinos de dos juezas y varios trabajadores en las afueras del Autódromo Hermanos Rodríguez, a donde acudieron a manifestarse los trabajadores en contra de la reforma judicial.
La Jufed resaltó que utilizar la violencia institucional en contra de dos juezas y personal jurisdiccional que se expresaban pacíficamente en la defensa de los derechos de los integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF), afectados por la reforma judicial, refleja el incremento de la intolerancia gubernamental, que contradice los principios democráticos que dice enarbolar.
Enfatizó que las personas juzgadoras y trabajadoras continuarán ejerciendo pacíficamente su derecho a defender la autonomía e independencia del PJF porque en esencia afecta el basamento de la democracia.
En tanto la Asociación Mexicana de Juzgadoras, Asociación Civil y Asociación Mexicana de Trabajadoras del Poder Judicial de la Federación condenaron la represión y el encapsulamiento.
“Necesitamos un compromiso firme hacia el cese de acciones represivas y la construcción de un entorno de respeto y seguridad para todas y todos. El Estado no cuida, reprime. Nos mantendremos firmes y vigilantes en la defensa de un México justo y democrático, donde todas podamos alzar la voz sin temor a represalias. Invitamos a la sociedad a unirse a esta demanda de justicia, respeto y paz. Unidas somos más fuertes”, subrayan en un comunicado.
Califican las acciones del Estado como “inaceptables”
Calificaron como inaceptable que el Estado, en lugar de proteger a quienes ejercen su derecho a la protesta pacífica, recurre a tácticas de represión, violando la libertad y seguridad de nuestras compañeras y colegas.
Las asociaciones indicaron que esta acción no solo es una violación de derechos humanos, sino una expresión de violencia que busca silenciar a las voces críticas y a quienes defienden un Poder Judicial independiente.
Destacaron que, en un contexto de polarización creciente en el país, exacerbada por la reforma judicial y los discursos de odio emitidos por el oficialismo, el uso de la fuerza pública para reprimir manifestaciones pacíficas es una señal alarmante e inaceptable.
Refirieron que es urgente detener la escalada de violencia y los actos de represión que se observan en varios lugares como acontecieron esta semana en Michoacán, Chiapas, Puebla y en la Ciudad de México.
Las asociaciones precisaron que las autoridades tienen la responsabilidad de actuar en favor del bienestar y la protección de los derechos humanos de todas las personas, sin distinción alguna, promoviendo la paz y el diálogo constructivo en lugar de recurrir a la violencia.
