- Lo mató de un balazo en el cuello y enterró su cuerpo en una cisterna de una nave industrial
Una jueza de Control y Juicio Oral Penal dictó el auto de vinculación a proceso por homicidio doloso calificado con ventaja en contra de José Pablo Salinas Jiménez por el asesinato del empresario Manuel Rafael Ramírez Gutiérrez, de 42 años de edad, a quien mató de un balazo en el cuello y enterró su cadáver en una cisterna de una nave industrial que éste le rentaba en el Parque Industrial del Valle de Aguascalientes (PIVA) en noviembre pasado.
Durante la audiencia celebrada este miércoles, la juzgadora declaró como legal la investigación realizada por la Fiscalía General del Estado para resolver el crimen pese a los argumentos ofrecidos por la defensa del acusado, que catalogó la indagatoria como viciada y parcial, y en punto de las 17:11 horas decretó la vinculación a proceso y la prisión preventiva justificada por tres meses en contra de José Pablo.
Salinas Jiménez, que durante el desarrollo de la diligencia mostró un rostro como de enojo, enfrentará su proceso penal recluido en el CERESO Aguascalientes.
JLMNoticias
La continuación de la audiencia inicial dentro de la carpeta digital 317/2024 se celebró este miércoles en la sala 7 del Juzgado de Control y Juicio Oral Penal.
A dicha sala el acusado José Pablo llegó a las 13:02 horas, esposado y custodiado por un elemento de la Policía Procesal.
Su traje de reo constaba de una camisa y pantalón en color caqui con una franja naranja, además de que llevaba un chaleco de manga tres cuartos en color verde.
En la mesa estuvo flanqueado por sus dos abogados defensores.
En la mesa contigua estuvieron dos agentes del Ministerio Público, dos abogados particulares y la pareja del empresario asesinado, Alicia Margarita Carmona Moreno.
Al igual que en la audiencia celebrada el pasado viernes 29 de noviembre, Alicia nuevamente iba vestida de blanco.
A las 13:07 horas se declaró el inicio de la continuación de la audiencia y se le dio el uso de la voz a la defensa de José Pablo.
De entrada, su abogado defensor expuso que presentaría datos de prueba a favor de su cliente.
Uno de esos datos fueron unas imágenes, capturas de pantalla, de la página de internet JLM Noticias, e hizo referencia a una entrevista hecha al fiscal general del Estado, Jesús Figueroa Ortega, y en la que hablaba sobre la desaparición del empresario Manuel Rafael y los avances en la investigación sobre su homicidio y la identificación del probable responsable.
El abogado hizo mención a otra página de la red social TikTok y en la que se hablaba sobre la nave industrial donde ocurrió el asesinato.
Durante su exposición, el defensor argumentó que el trabajo de investigación de la Fiscalía tuvo muchas irregularidades, entre ellas las declaraciones contradictorias de testigos, la forma en la que obtuvo esas versiones y el uso de información para el esclarecimiento de los hechos.
El abogado cuestionó los cateos que se realizaron en la nave industrial, ubicada en el 127 de la calle Municipio de Calvillo del Parque Industrial del Valle de Aguascalientes, donde se encontró el cuerpo de la víctima enterrado en la cisterna, así como en la casa de su defendido, en el 64-A de la calle Frontera, en el fraccionamiento El Campestre, donde se aseguró un arma de fuego revólver Smith and Wesson calibre 357 mágnum, con la que habría sido privado de la vida Manuel Rafael el martes 12 de noviembre de este año, alrededor de las 13:40 horas, por el cobro de una deuda de más de 4 millones de pesos por la renta de dicha nave.
El argumento del abogado defensor para cuestionar esas diligencias fue que las órdenes de cateo las concedió la misma jueza que iba a resolver la situación jurídica de su cliente y que ella no tenía la jurisdicción para girarlas.
Además, el defensor aseguró que los cateos fueron realizados antes de que dichas órdenes fueran concedidas, por lo que la obtención de pruebas en ambos lugares eran ilegales.
También señaló que el video que se difundió a través de distintos medios de comunicación del momento en que el personal de la Fiscalía encontró el cadáver del empresario asesinado violaba los derechos del propietario de la nave.
Además, cuestionó el resultado de la necropsia sobre la causa de muerte del empresario señalando que el médico legista no debió asentar en su informe que Manuel Rafael murió de una herida producida por proyectil disparado por arma de fuego en el cuello porque no tenía la certeza de ello ni como comprobarlo.
Insistió en que la investigación de la Fiscalía estuvo viciada y fue parcial, por lo que solicitó que su cliente no fuera vinculado a proceso por esas y otras irregularidades.
INVESTIGACIÓN LEGAL
Enseguida, los agentes del Ministerio Público tuvieron la oportunidad de refutar los argumentos del abogado defensor, los cuales catalogaron como no válidos, y señalaron las pruebas que contaban para demostrar que la investigación se realizó en la legalidad.
Una de las pruebas contundentes para acreditar la participación de José Pablo en el homicidio de Manuel Rafael fue la declaración de su hermano Víctor Javier Salinas Jiménez.
En este sentido, se aclaró que el Ministerio Público le ofreció a Víctor Javier un criterio de oportunidad, es decir, como una especie de trato, en el que se le concedía no ejercer acción penal en su contra (acusarlo) si proporcionaba información valiosa que ayudara en la investigación para resolver la desaparición y homicidio del empresario.
Víctor Javier declaró en la Fiscalía que vio por última vez a Manuel Rafael afuera de la nave industrial en compañía de su hermano José Pablo; que cuando éstos estuvieron solos en el interior del inmueble escuchó dos disparos; que su consanguíneo no lo dejó acercarse a la nave y le pidió unos artículos de limpieza (cloro, jabón de polvo y un cepillo), que él le entregó.
Que le pidió contratar una empresa para vaciar el agua de la cisterna así como conseguir grava y cemento para taparla; que lo siguió en su auto Audi mientras José Pablo iba a abandonar el auto de la víctima, un Nissan Sentra, en la calle Olivares Santana en El Puertecito de la Virgen, y luego, en el mismo Audi, lo llevó al fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción, donde José Pablo rompió el celular de Manuel Rafael y lo tiró.
Además, sobre los cateos en la nave industrial y en el domicilio del acusado, los Ministerios Públicos demostraron que éstos se realizaron después de que se les concedieron las órdenes respectivas y no antes como argumentó el defensor, por lo que las pruebas obtenidas eran válidas.
A las 15:27 horas la jueza declaró un receso para poder resolver la situación legal del imputado y ordenó el desalojo de la sala, a excepción de los abogados defensores, que pidieron hablar a solas con José Pablo, solicitud que les fue concedida.
A las 15:52 horas se reanudó la audiencia y de entrada la jueza de Control se declaró competente para conocer del asunto pese a que el abogado defensor opinaba lo contrario porque fue la misma juzgadora que giró las órdenes de cateo para los inmuebles mencionados.
La jueza declaró como lícitos dichos cateos en la nave industrial y en el domicilio del acusado y validó como legales las pruebas obtenidas en ellos así como en otras diligencias practicadas por la Fiscalía, como la ubicación de los testigos y sus declaraciones, las grabaciones de las cámaras del C5i y de particulares que captaron con vida por última vez a Manuel Rafael en compañía de José Pablo, así como el resultado de la necropsia a la víctima.
La juzgadora declaró como legal la investigación de la Fiscalía y finalmente vinculó a proceso a José Pablo por homicidio doloso calificado con ventaja.
Uno de los abogados particulares de la pareja de Manuel Rafael solicitó a la jueza que inmovilizara las cuentas bancarias del acusado para garantizar el pago de la deuda de los más de 4 millones de pesos por la renta de la nave industrial y de la reparación del daño, pero su petición le fue rechazada.
En punto de las 17:28 horas se declaró por terminada la audiencia, por lo que el custodio esposó a José Pablo y se lo llevó de la sala.
