Víctor Álvarez Puga, empresario y esposo de la actriz y conductora Inés Gómez Mont, fue detenido en Miami por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Actualmente se encuentra en el centro de procesamiento Krome North SPC, una instalación para migrantes. Su arresto fue el 24 de septiembre, pero fue dado a conocer hasta hoy, y se debe a irregularidades en su situación migratoria.
Aunque la detención responde a un tema migratorio, Álvarez Puga está prófugo de la justicia mexicana desde hace cuatro años. En México lo investigan por presuntos delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Aunque los cargos fiscales no están relacionados con esta detención, podría derivar en un proceso de extradición, pues los cargos activos permanecen en el país.
¿Por qué inició todo?
Víctor Álvarez Puga, fundador junto con su hermano Alejandro del despacho Álvarez Puga y Asociados que llegó a tener 45 sucursales en México, es señalado por presunto uso de empresas fantasma, desvío de recursos públicos y evasión fiscal.
El caso comenzó a investigarse en 2015, cuando se detectaron irregularidades fiscales relacionadas con Inés Gómez Mont, acusada de un fraude fiscal por omisión de impuestos por 6 millones 6 mil pesos, según el SAT.
La Fiscalía General de la República (FGR) vincula estas acciones a operaciones mayores realizadas desde el bufete Álvarez Puga.
En 2016 el despacho fue señalado por formar parte de una red de lavado de dinero y malversación de casi 3 mil millones de pesos provenientes de fondos públicos destinados al mejoramiento de prisiones, bajo la Secretaría de Gobernación durante la administración de Miguel Ángel Osorio Chong en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
La FGR reportó alrededor de 1,500 operaciones para dispersar ese dinero, uno de esos recursos se dirigió a Inés Gómez Mont, por 39 millones de pesos, haciéndolos pasar por honorarios de las mismas empresas simuladas.
Es ahí donde la FGR inició una carpeta de investigación y, posteriormente, una adicional por delincuencia organizada al descubrir el esquema encabezado por los hermanos Álvarez Puga y otras cinco personas.
Desde 2018, tanto Inés Gómez Mont como Víctor Álvarez Puga figuran como investigados por el SAT por acciones fiscales negativas, relacionadas con la utilización de empresas ficticias para desviar recursos públicos mediante la falsificación de documentos oficiales. Este año marcó el refuerzo de las investigaciones contra ellos.
Órdenes de aprehensión
En septiembre de 2021, la FGR emitió órdenes de aprehensión contra Víctor y Alejandro Álvarez Puga, además de contra Inés Gómez Mont.
Tras la difusión de la red de corrupción, la familia huyó a Estados Unidos, donde Interpol emitió fichas rojas en 194 países para su localización.
La pareja solicitó un criterio de oportunidad para colaborar y pisar la cárcel, pero fue rechazada.
Asimismo, un juez rechazó otro acuerdo presentado para deslindarse de un fraude fiscal por 124 millones de dólares, dictándose una nueva orden de aprehensión adicional por el fraude fiscal de 6 millones de pesos por omisión de impuestos.
En 2023, el Tribunal Federal anuló una orden de aprehensión por defraudación fiscal, pero las acusaciones por lavado de dinero y delincuencia organizada permanecen vigentes.
En este año la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) descongelo sus cuentas bancarias.
En febrero de este mismo año, Inés Gómez Mont mandó condolencias a Paty Chapoy por la muerte de Daniel Bisogno. Tras la polémica de su reaparición, la UIF confirmó que la pareja vivía en Estados Unidos.
Tras la detención de Álvarez Puga, podrían caer las otras cuatro personas vinculadas con la misma red de lavado de dinero, la cual podría derivar en una condena de entre 5 y 15 años por lavado de dinero, y hasta 20 años por delincuencia organizada.
