El sector productivo advierte de extorsión: el crimen decide quién trabaja y el Estado no aparece
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra Álvarez, advirtió este viernes, acompañado de presidentes empresariales de más de 100 ciudades del país, que el delito de la extorsión “tiene de rodillas a miles de empresarios”.
El grito empresarial que el Gobierno no puede ignorar
El posicionamiento de la cúpula empresarial se dio en el marco de su Encuentro Nacional en la ciudad de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos, en donde también se resaltó que en lo que va del año México registra 8.585 víctimas de extorsión, lo que representa un incremento de 5,2 %.
De estas víctimas, 11,8 % se encuentran en los 43 municipios fronterizos, donde el delito creció 15,2 % respecto al año pasado”, sostuvo la Coparmex en un comunicado.
Para los representantes del sector privado, la extorsión, además de poner en riesgo la vida de las personas, es un problema que “estrangula las economías locales” y que muestra la “ausencia del Estado” en el desarrollo de multiplicidad de delitos detrás de la extorsión, como “el cobro de piso”.
La extorsión ya no es un delito aislado
El mensaje empresarial fue claro: Lo que antes se consideraba un delito “marginal” ahora es una estructura de control económico y político que opera a plena luz del día.
Estas prácticas dejaron de ser marginales para convertirse en una estructura de control económico y político que define la vida en demasiados territorios y sectores económicos. No podemos permitir que los grupos que operan fuera de la ley sustituyan al Estado, decidiendo quién trabaja, quién invierte, quién abre, quién cierra y quién se va”, subrayó el ejecutivo de la Confederación.
En cuanto al número de víctimas de este delito, alertó que muchos casos no son parte del acumulado nacional, pues hay una “cifra negra” provocada por “la falta de denuncia, resultado de la desconfianza social ante la sospecha de colusiones y represalias”.
Un llamado directo al Gobierno federal y al Congreso
Para atender este problema de dimensión nacional, Sierra Álvarez hizo un “llamado firme, directo y responsable” al Gobierno federal, autoridades estatales y al Congreso del país a “encabezar una estrategia nacional contra la extorsión con perspectiva de estado, más allá de ciclos, partidos y grupos políticos”.
México necesita que este delito sea tratado con la prioridad que merece, con los recursos equivalentes a su impacto económico y social”, sentenció.
La Cámara de Diputados de México aprobó a finales de octubre, por unanimidad, la Ley contra la extorsión, que establece penas de hasta 15 años de cárcel por el citado delito que podrá ser denunciado de forma anónima.
Esta propuesta, actualmente en revisión por el Senado mexicano, fue enviada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum con el objetivo de prevenir, investigar y sancionar este ilícito.
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Información de EFE
