La construcción del Tren Maya, obra emblemática del sexenio del presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha provocado en la Península de Yucatán el desplazamiento de personas, enfermedades poco estudiadas en los trabajadores, la destrucción de sus viviendas, la tala de millones de árboles y plantas, la fragmentación del hábitat de diversidad de animales, su desplazamiento y muerte, así como la pérdida irreversible de monumentos arqueológicos e información milenaria.
Estas fueron algunas de las conclusiones de las y los participantes de la sesión extraordinaria “Región Maya, problemas culturales y socioambientales”, realizada el 24 de mayo en la Casa de la Cultura de Solidaridad, en Playa del Carmen, bajo la coordinación del investigador, Bolfy Cottom, como parte del Seminario Patrimonio Cultural: Antropología, Historia y Legislación, un proyecto de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
La bienvenida estuvo a cargo de la secretaria de Medio Ambiente de Solidaridad, Lourdes Várgues, quien habló sobre la importancia de conservar los ecosistemas y las acciones que, en esa vía, se aplican para atender problemáticas como el recale masivo de sargazo o las invasiones, que provocan deforestación.
La mesa de análisis contó con intervenciones de la periodista y columnista de EL UNIVERSAL, Adriana Malvido; del biólogo, Roberto Rojo; del naturalista y especialista en jaguares, Raúl Padilla; de Talismán Crúz, joven activista integrante de “Cenotes Urbanos”, con la conducción del buzo, José Urbina, así como reflexiones de investigadores como Rodolfo Medellín y el director del proyecto Gran Acuifero Maya (GAM), Guillermo de Anda.
También se transmitió el mensaje de los dos grupos con mayor trayectoria del movimiento ambiental en Quintana Roo, desde hace más de 30 años, en Cancún y Playa del Carmen –el Grupo Ecologista del Mayab (GEMA), fundado por Araceli Domínguez– y Moce Yax Cuxtal, quienes rememoraron su lucha en contra de proyectos en la bahía de Xcacel-Xcacelito, la destrucción de manglares en Puerto Cancún, el el freno a Dragon Mart y Malecón Tajamar y la pelea en contra del gigante Calica, hoy Sac Tun.
En el relevo generacional, se expusieron los recientes triunfos jurídicos obtenidos por la organización Defendiendo el derecho al Medio Ambiente Sano (DMAS), que obtuvo sentencias a favor contra el Programa de Desarrollo Urbano de Cancún 2022 (PDU), el freno al proyecto Gran Solaris, a un costado de Playa Delfines y el caso URBI, sobre el derecho a vivienda digna y un medio ambiente sano.
Dividido en dos bloques y con una duración de casi seis horas, la mesa de análisis contó con la participación de los investigadores del INAH, Juan Manuel Sandoval y Fernando Cortés, este último, considerado por el Instituto como “el peor arqueólogo que existe del mundo”, por haber alzado la voz en contra la destrucción del patrimonio antropológico, histórico y cultural mexicano, provocado por las obras del Tren Maya.
Al tomar la palabra, Sandoval Palacios invocó los resultados de un cuadernillo de su autoría, titulado “la construcción del Tren Maya y la Destrucción del Patrimonio Arqueológico en la Península de Yucatán”; una suerte de memorias sobre lo que atestiguó con otros investigadores, en recorridos, prospecciones, datos y testimonios en las zonas que recorrerá el circuito del ferrocarril, principalmente en sus tramos 5, 6 y 7, en Quintana Roo y Campeche.
“Esta afectación ha implicado la destrucción y el saqueo de monumentos en algunas zonas arqueológicas, sin explorar o recién descubiertas, por la maquinaria y el personal de empresas constructoras y otras, además de diversas personas de poblaciones cercanas.
“También ha implicado la destrucción de monumentos arqueológicos en algunos ejidos y comunidades por parte de ejidatarios y habitantes de las mismas quienes, al enterarse que el Tren Maya pasaría cerca de o dentro de sus tierras, se dedicaron a vender predios que contenían estructuras prehispánicas que fueron arrasadas y saqueadas por esas personas para no dejar ningún vestigio”, se lee en el robusto texto, acompañado de imágenes, que ahí mostró.
Sandoval señaló que, en otras ocasiones, destruyeron los monumentos arqueológicos para construir edificaciones comerciales –tiendas, hoteles o restaurantes–, esperando obtener beneficios del turismo que llevará el Tren Maya a la región.
“La información recabada sobre esta situación se llevó a cabo en varias temporadas de trabajo de campo recorriendo toda la ruta del Tren Maya (más de mil 500 kilómetros de longitud) en la segunda parte de 2018, a lo largo de 2019; y, a partir de julio de 2021 y hasta fines de abril de 2023”, precisó.
El investigador subrayó que la destrucción de monumentos arqueológicos por parte de las compañías constructoras aumentó cuando iniciaron las obras en los tramos 5 (Norte y Sur), 6 y, en mayor cantidad, en el Tramo 7.
El pasado 23 de mayo, previo al evento, Cortés, Sandoval, Malvido y Cottom, fueron llevados por Urbina, Rojo y Padilla a la zona del cenote “Casa de las Tortugas”, para constatar personalmente que lo documentado en el Tramo 5 Sur –de Playa del Carmen a Tulum– no son montajes, sino realidades.
La experiencia fue descrita por la periodista, Adriana Malvido, como “estremecedora” y consideró que el Tren Maya “reúne todos los agravios ambientales y sociales” debido a la magnitud de los daños provocados y documentados por el movimiento “Sélvame del Tren”, cuya labor reconoció por su defensa al territorio.
En el lugar hubo una gran cantidad de vestigios arqueológicos alrededor que fueron “sacrificados” para sacar adelante el proyecto, narró Urbina.
Al respecto, Malvido resaltó que “no son nada más piedras. Es el legado que recibimos, que heredamos de los mayas; que nos habla de lo que fuimos, de lo que somos. Es muy importante la revalorización del patrimonio arqueológico.
“Y algo de lo que quizá parece superfluo, pero no lo es: El derecho a la belleza. Cuando nosotros vemos lo que han en esos cenotes, es una maravilla”, expresó.
Cortés de Brasdefer le respaldó: “Lo que vimos es verdaderamente vergonzoso”, y lo sumó a los videos que documentan la perforación de los techos de cavernas para el hincado de miles de pilotes, acción que constituye –dijo– la destrucción de información de 10 mil años de antigüedad.
“Ahí está la Prehistoria; 10 mil años de antigüedad sin que haya nadie que los pueda defender y que están destruyendo”, expresó acerca de los hallazgos de fauna pleistocénica y de restos humanos milenarios bajo el gran sistema de cavernas y ríos subterráneos de Tulum.
Expuso que los derrames de cemento y grasa están modificando la superficie y el patrimonio arqueológico y paleontológico, haciendo imposible su estudio posterior.
“Se han hecho estudios en el área maya, donde los investigadores han detectado un área amplia, donde desde hace dos mil años se puede saber, a través de estalagmitas, a través de la acumulación de isótopos de oxígeno se puede saber cuándo, en esos dos mil años, dejó de caer agua.
“¿Y qué quiere decir esto? Que se puede saber por qué la Cultura Maya desapareció. Esas estalagmitas que están siendo destruidas tienen esa información”, subrayó.
Explicó que cuando cae el agua, el bicarbonato de calcio se acumula y ese material calcareo forma círculos concéntricos “como si se tratara de un árbol largo”, que pueden ser estudiados y aportan información.
Debido a la sequía y, a falta de agua de lluvia, estas formaciones dejaron de crecer por años, obligando a los mayas a emigrar, porque no podían sembrar, ni comer, lo que era reclamado a la clase gobernante, detalló.
“Nunca se murieron en ese momento. Decayó la cultura”, mencionó. A ese período se le llamó Postclásico, cuando la escritura casi dejó de practicarse, ni se estudiaban los astros y la memoria se había perdido.
“¿Y por qué? precisamente porque hubo una gran sequía. Y eso (información) es lo que se está destruyendo”, manifestó.
En su intervención, Cortés de Brasdefer convocó a denunciar legalmente a Diego Prieto, director del INAH y a todos los funcionarios públicos responsables de no salvaguardar la riqueza del mundo maya y aplicar “un castigo ejemplar”.
También propuso que se repare el daño y se den a conocer los nombres de las y los funcionarios que autorizaron pasar sobre los vestigios, “incluidos los 15 del Consejo de Arqueología, incluyendo al director general del INAH”.
En su opinión, debe garantizarse la entrega a la nación del patrimonio rescatado, quedando bajo resguardo en museos de comunidades locales –no a los anunciados por el Instituto– evitando así que sean llevados a otros lugares.
Si bien estas tres acciones no resarcirán los daños hechos –admitió– evitarán otros, toda vez que, alertó, “lo peor está por venir”, luego de que el mal ejemplo del Instituto, al pasar literalmente sobre vestigios mayas y destruirlos, fomentará más saqueos y afectaciones al patrimonio.
El año pasado el investigador escribió un texto sobre el megaproyecto, titulado “La tragedia cultural del Siglo XXI”, en el que, entre otras cosas, lo define como “la obra más depredadora de la que se tenga noticia en los tiempos modernos”.
La carta, dirigida a sus colegas, se difundió públicamente, lo que le valió –de entrada– que el Instituto le levantase un acta administrativa y luego que lo demandasen.
Premiado a nivel local, nacional e internacional, como un “mexicano distinguido”, el investigador dijo que ha dedicado 45 años de su vida a la defensa del patrimonio cultural, razón por la que “no puedo ser cómplice” y se rebeló ante un proyecto destructor, convencido de que “no se puede cambiar de ideología, así como los políticos cambian de partido político”.
“Lo que quiso hacer el INAH fue coartar mi libertad de expresión y, por lo tanto, recibí un acta administrativa y además tengo una demanda que tengo que ir a contestar a Cancún, porque ahí está el Tribunal (…) El que me acusa es Margarito Molina, director del Centro INAH Quintana Roo y Diego Prieto, director general”, dijo, en entrevista con este diario.
Relató que, en principio, cuando se anunció el proyecto del Tren Maya, levantó la mano y aplaudió, porque se les vendió de una manera distinta, asegurando que el trazo correría desde Palenque, Chiapas, hacia Valladolid, en Yucatán, por la ruta de la vía existente.
“¡Era una maravilla!, porque no se iba a destruir absolutamente nada, sino se repondrían rieles, estaciones y todo lo que ya no existe, por materiales modernos, nuevos y que van a beneficiar el desarrollo del sureste mexicano”, recordó.
Para su sorpresa, le vendieron a López Obrador, entonces candidato a la presidencia de la República (2018), que el proyecto sería mejor si se extendía de Valladolid a Cancún, Tulum, Bacalar y Chetumal, en Quintana Roo y de ahí a Escárcega y Calakmul, en Campeche. “Lo convencieron”.
“Se hizo la presentación en Chetumal, por primera vez; yo asistí y quedé impresionado, porque lo que venía ¡era un monstruo! y no sabíamos cómo íbamos a detenerlo. Iba a ser prácticamente imposible y así fue, porque toda la carga del Estado, contra los que no queríamos que se hiciera.
“Además de la presión de los empresarios. Había un presidente de una Cámara que nos decía: ‘Hay que destruirlos, tenemos muchos, son bastantes’. Y efectivamente lo lograron. Entonces levantamos la voz y así nos fue”, rememoró.
Cortés de Brasdefer confirmó que el INAH elaboró, previo al inicio del proyecto, una exploración metodológica en dos mil 554 kilómetros de longitud.
Sin embargo, después de ello, de poco sirvió porque al ejecutar las obras, detrás de los arqueólogos –desesperados– “venía la maquinaria destruyendo todo lo que se iba a liberar”.
“Pero lo que se liberaba no solo era lo explorado; habia cientos de miles de edificios que no se exploraron, entonces entraron las máquinas y destruyeron. Yo me pregunto: ¿dónde están esos millones de piezas arqueológicas, que después de que el INAH hizo las exploraciones, dónde están cuando entraron las máquinas?
“¿Quién las tiene? ¿Los ingenieros, los militares, los trabajadores? Hemos visto volquetes pasar de un lado a otro con piedra arqueológica”, cuestionó.
El tema ha implicado que en las comunidades se pierda respeto al INAH como autoridad. El investigador señaló que se ha visto a gente destruir, para obtener piedra arqueológica y venderla para la construcción.
